El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la falta de un recurso que permita impugnar el Decreto que dicten los Letrados de la Administración de Justicia cuando resuelvan las impugnaciones de los honorarios de Abogados y Procuradores por indebidos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del art. 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del art. 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

La sentencia de nuestro Alto Tribunal considera que la exclusión de un recurso frente al decreto del LAJ priva del control jurisdiccional a una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio del procedimiento de ejecución.

La falta de un recurso impedía que las decisiones de los Letrados de la Administración de Justicia fuesen revisadas por los jueces y tribunales, que son únicos titulares de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), y chocaba frontalmente con el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE.

El Tribunal Constitucional finaliza indicando que hasta que el legislador no se pronuncie al respecto… el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia es el de «revisión» al que se refiere el art. 454 bis LEC.